Una de las principales funciones del poder legislativo es la de ejercer control político a las acciones del poder ejecutivo. Amparado por el mandato de representación conferido por el pueblo, el parlamento exige al gobierno rendir cuentas de su desempeño (de sus acciones y omisiones) con el objetivo de verificar y asegurar que la gestión gubernamental, en todos los niveles, responda a las necesidades de la sociedad y no exceda las competencias y atribuciones conferidas por la ley. Los principales objetivos del control político parlamentario pueden describirse así:

• Detectar y prevenir los abusos, la conducta arbitraria o la conducta ilícita e inconstitucional por parte del gobierno y los organismos públicos. 
• Hacer rendir cuentas al gobierno por el uso que se hace del dinero de los contribuyentes. (para profundizar sobre este tema, consulte la sección “Presupuesto abierto”)
• Velar por que las políticas anunciadas por el gobierno y autorizadas por el parlamento realmente se lleven a la práctica.
• Mejorar la transparencia de las operaciones gubernamentales y mejorar la confianza del público en el gobierno.