Marcos normativos para la participación ciudadana

Empezando

Considerar la naturaleza legal del derecho de la ciudadanía a participar en el proceso de toma de decisiones legislativas es importante a la hora de desarrollar una estrategia con este propósito. Este derecho puede provenir directamente de la Constitución o derivar de otros derechos constitucionales que pueden ser o no aplicables. También puede ser fortalecido a través de leyes y reglamentos que rijan la participación ciudadana en el proceso legislativo.

En la primera reunión de cocreación para desarrollar este kit de herramientas, las organizaciones de la sociedad civil abogaron por la adopción de leyes y disposiciones formales para garantizar la participación ciudadana en el proceso legislativo y establecer reglas y procedimientos para de dicha participación. Las leyes podrían fortalecer el derecho de las y los ciudadanos a participar en la medida que pueda ser jurídicamente aplicable, pero podría requerir la adopción de reglamentos y ser difíciles de modificar. Asimismo, podría alentar al parlamento a que incorpore la participación de la ciudadanía en todo el proceso legislativo y hacerla obligatoria en algunos casos. Los reglamentos correspondientes podrían determinar las instancias y los mecanismos a través de los cuales las y los ciudadanos podrían emitir aportes, así como determinar quién es la o el responsable de administrar los procesos de participación e ilustrar la forma en cómo se considerarán los aportes de la ciudadanía.

En las Américas y el Caribe, los marcos jurídicos existentes, incluyendo los reglamentos del parlamento, que rigen la participación ciudadana en el proceso legislativo se encuentran generalmente limitados a iniciativas legislativas ciudadanas y consultas realizadas por las comisiones parlamentarias. 

Empezando

Considerar la naturaleza legal del derecho de la ciudadanía a participar en el proceso de toma de decisiones legislativas es importante a la hora de desarrollar una estrategia con este propósito. Este derecho puede provenir directamente de la Constitución o derivar de otros derechos constitucionales que pueden ser o no aplicables. También puede ser fortalecido a través de leyes y reglamentos que rijan la participación ciudadana en el proceso legislativo.

En la primera reunión de cocreación para desarrollar este kit de herramientas, las organizaciones de la sociedad civil abogaron por la adopción de leyes y disposiciones formales para garantizar la participación ciudadana en el proceso legislativo y establecer reglas y procedimientos para de dicha participación. Las leyes podrían fortalecer el derecho de las y los ciudadanos a participar en la medida que pueda ser jurídicamente aplicable, pero podría requerir la adopción de reglamentos y ser difíciles de modificar. Asimismo, podría alentar al parlamento a que incorpore la participación de la ciudadanía en todo el proceso legislativo y hacerla obligatoria en algunos casos. Los reglamentos correspondientes podrían determinar las instancias y los mecanismos a través de los cuales las y los ciudadanos podrían emitir aportes, así como determinar quién es la o el responsable de administrar los procesos de participación e ilustrar la forma en cómo se considerarán los aportes de la ciudadanía.

En las Américas y el Caribe, los marcos jurídicos existentes, incluyendo los reglamentos del parlamento, que rigen la participación ciudadana en el proceso legislativo se encuentran generalmente limitados a iniciativas legislativas ciudadanas y consultas realizadas por las comisiones parlamentarias. 

Consideración de marcos normativos

Las siguientes preguntas pueden guiar los debates sobre la adopción de marcos normativos que garanticen la participación ciudadana:

  • ¿Un instrumento que rige las consultas públicas debe tener carácter vinculante (ley o reglamento), o debería ser un instrumento “más blando”, como un código de conducta, que sirva para este propósito?
  • ¿Las consultas públicas obligatorias deben incluir únicamente leyes, otros actos o cualquier documento de política pública?
  • ¿Las consultas públicas obligatorias deben ser exclusivas de los organismos ejecutivos (consultas durante el proceso de elaboración de propuestas a ser legisladas), o también de los organismos legislativos (consultas después de que una propuesta haya sido presentada ante el parlamento)?
  • ¿Es necesario establecer un alcance mínimo y máximo de consultas?
  • ¿Es necesario y justificado estipular excepciones en consultas públicas obligatorias?
  • ¿Qué tipo de sanciones por incumplimiento de las obligaciones exigidas para la consulta reflejarán de manera adecuada la naturaleza legal de un instrumento que haya sido seleccionado para regir la participación pública?
  • ¿Quién es la otra parte en las consultas: se debe extender a organismos comerciales de derecho privado (sociedades), o solo a las y los ciudadanos y a organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las asociaciones de empleadores?

Marcos normativos existentes para la participación ciudadana

Tras el análisis de constituciones, leyes y reglamentos del parlamento de los 35 países de las Américas y el Caribe, se identificaron los siguientes mecanismos en orden de prevalencia:

(1) Consultas a la ciudadanía, especialistas o testigos en sesiones de comisión y recepción e inclusión de aportes ciudadanos

(2) Iniciativas legislativas populares

(3) Audiencias y consultas públicas

(4) Designación de ciudadanas y ciudadanos como miembros del parlamento o de una comisión

(5) Priorización de iniciativas legislativas

(6) Consultas populares de proyectos de ley

(7) Consultas pre legislativas

(8) Labor parlamentaria en circunscripciones

(9) Participación de la ciudadanía en el nombramiento de autoridades por el parlamento

Cada tipo de marco normativo que aparece a continuación incluye una descripción y ejemplos. Para información adicional sobre este tema, le invitamos a consultar la publicación de ParlAmericas Marcos normativos para la participación ciudadana en el proceso legislativo de las Américas y el Caribe.

Mecanismos que permiten invitar a la ciudadanía, especialistas y testigos enviar propuestas, sugerencias o aportes, así como, en algunos casos, participar en las sesiones de comisión. En pocos casos, la ciudadanía o personas interesadas pueden solicitar participar dentro de la comisión cuando algún tema discutido les afecta.

Algunos ejemplos prácticos se pueden encontrar a continuación. Para una lista más exhaustiva, le invitamos a consultar Marcos normativos para la participación ciudadana en el proceso legislativo de las Américas y el Caribe (p.5).

Mecanismos que permiten a la ciudadanía presentar iniciativas de ley a su respectivo parlamento. Pueden versar sobre diferentes temas en concordancia con las disposiciones y restricciones de cada país y en la mayoría de casos deben ser avaladas por un determinado número de firmas.

Algunos ejemplos prácticos se pueden encontrar a continuación. Para una lista más exhaustiva, le invitamos a consultar Marcos normativos para la participación ciudadana en el proceso legislativo de las Américas y el Caribe (p.19).

Mecanismos que permiten a las comisiones y otros órganos del parlamento organizar actividades para conocer e integrar los aportes de la ciudadanía en su labor. A diferencia del anterior mecanismo, estas tienen un propio procedimiento y, usualmente, no forman parte de las sesiones de comisión.

Algunos ejemplos prácticos se pueden encontrar a continuación. Para una lista más exhaustiva, le invitamos a consultar Marcos normativos para la participación ciudadana en el proceso legislativo de las Américas y el Caribe (p.42).

Mecanismos que permiten designar a personas que representan a grupos o sectores de la ciudadanía a participar en calidad de miembros del parlamento y/o en comisiones para garantizar que la labor parlamentaria se encuentre en sintonía con las demandas ciudadanas.

Algunos ejemplos prácticos se pueden encontrar a continuación. Para una lista más exhaustiva, le invitamos a consultar Marcos normativos para la participación ciudadana en el proceso legislativo de las Américas y el Caribe (p.53).

De acuerdo a los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado de República Dominicana, las o los presidentes convocarán a autoridades y entidades públicas, así como a ciudadanía o representantes de la sociedad civil a fin de priorizar iniciativas legislativas para la legislatura anual del parlamento a inicios de año.

Algunos ejemplos se pueden encontrar a continuación.

De acuerdo a la Constitución de Argentina, la Cámara de Diputados podrá someter a consulta popular una iniciativa legislativa que, una vez aprobada durante dicha consulta, se convertiría en ley de forma automática.

Un ejemplo se puede encontrar a continuación.

De acuerdo a la Constitución de Ecuador, existe el derecho de consulta a favor de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. De acuerdo con ello, el parlamento ecuatoriano ha dispuesto un instructivo para la aplicación de la consulta pre legislativa en los casos que una iniciativa pueda afectar a los derechos de estas poblaciones.

Un ejemplo se puede encontrar a continuación.

De acuerdo a los Reglamentos de las Cámaras de Diputados y Senadores de Bolivia, y los Reglamentos del Congreso de Perú, las y los parlamentarios tienen obligaciones ante sus representadas y representados en sus respectivas circunscripciones.

Algunos ejemplos prácticos se pueden encontrar a continuación. Para una lista más exhaustiva, le invitamos a consultar Marcos normativos para la participación ciudadana en el proceso legislativo de las Américas y el Caribe (P.56).

De acuerdo al Reglamento de la Cámara de Diputados de Argentina, y la Constitución y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de México, se ordena la organización de audiencias públicas para la designación de autoridades que deben ser aprobadas por el parlamento. Dentro de ellas se contempla la opción de postularse al cargo (México), así como la recepción de observaciones de cualquier persona o invitación a investigadores, académicos y a organizaciones de la sociedad civil con experticia en los temas a tratar.

Algunos ejemplos se pueden encontrar a continuación.

Good Practices

The following practices have been submitted by parliamentarians and related stakeholders, and describe techniques that can be applied to:

Regulatory Practices

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